En los últimos días se ha venido discutiendo la viabilidad de la extensión de la Ley de Promoción del Sector Agrario (LPSA). Si bien a la fecha no se cuenta con un estudio minucioso que evalúe el efecto total de esta política, un conjunto de indicadores apunta en la dirección de un impacto positivo y significativo. En ese sentido, el reto actual para la política pública es identificar lo que hizo exitosa la experiencia de la LPSA: no solo para mantenerla, sino para extenderla a otros sectores.
Un elemento crucial de dicha ley es la flexibilidad laboral, que permite la contratación de trabajadores formales de acuerdo con los requerimientos propios del sector. La naturaleza cíclica de la actividad agraria y la distribución de riesgo entre empleadores y trabajadores explica en buena cuenta esta necesidad.