Congreso peruano intentó afectar la libertad de expresión, dice la SIP

La SIP agregó que “las querellas por difamación fueron una herramienta utilizada para acallar a ciudadanos, medios y periodistas, por parte de personas involucradas en casos de corrupción o abusos de poder”.

Precisamente, la mayoría en el disuelto Parlamento peruano estaba en manos del partido Fuerza Popular, de la excandidata presidencial Keiko Fujimori en prisión preventiva mientras es investigada por lavado de activos por presuntos aportes a su campaña de la constructora brasileña Odebrecht.

Así como del partido Aprista, del exmandatario Alan García, que se suicidó en abril pasado cuando iba a ser detenido por presuntos aportes ilegales de Odebrecht para ganar la licitación de obras en su segundo gobierno (2006-2011).

Un proyecto de ley propone ampliar la pena de cárcel por difamación de un máximo actual de tres años a un rango de entre cuatro y siete años, indicó el informe de la SIP.

De aprobarse, la difamación sería penada con cárcel en todos los casos y también podría aplicarse a casos de difamación en redes sociales, lo que es reiterativo, pues el Código Penal ya establece que la difamación se aplica a medios de comunicación, lo que incluye a redes sociales.

“La iniciativa ha establecido erróneamente que solo normará sobre difamación en redes sociales, cuando también afectará a los medios”, agregó el documento.

La prensa local reveló que la bancada de Fuerza Popular en el disuelto Congreso coordinaba una serie de ataques a sus opositores, a través de conversaciones online, las cuales se materializaban en las redes sociales.

En paralelo, el Legislativo presentó un proyecto de ley que propone despenalizar los delitos contra el honor, incluso los que se cometerían mediante parodias, sátiras y opinión.

La agenda legislativa ‘anti-prensa’ se fortaleció en respuesta a las labores de investigación periodística sobre casos de corrupción de Lava Jato y Lava Juez, la red de corrupción en los tribunales de Perú, que “han derivado en investigaciones fiscales e incluso cárcel para varios prominentes políticos y jueces”, afirmó la SIP.

Por otro lado, la propuesta de ley de publicidad estatal sigue encaminada y en un nuevo dictamen se establecen condiciones para que la contratación de publicidad estatal responda a necesidades concretas y se dirija a medios según su alcance y público objetivo.

Sin embargo, persisten las dudas sobre la obligatoriedad de los medios de tener una autorización con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Entre los casos de amedrentamiento registrados contra periodistas y medios, el informe reportó la condena contra el periodista Pedro Salinas a un año de prisión suspendida y a pagar US$ 25,000 de reparación civil al arzobispo de Piura y Tumbes, José Antonio Eguren, por difamación agravada debido a unas afirmaciones hechas por el periodista en un artículo y una entrevista del 2018.

Posteriormente, Eguren desistió de la querella contra Salinas.

El periodista y su colega Paola Ugaz han publicado en el 2015 el libro Mitad monjes, mitad soldados, en el que investigaron abusos sexuales en el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana, al que Eguren pertenece, aunque el arzobispo ha señalado que este libro no forma parte de la querella.

De otro lado, el Poder Judicial admitió una nueva demanda por difamación interpuesta por Miguel Arévalo Ramírez contra los periodistas Oscar Castilla (Ojo-Público.com) y Edmundo Cruz (La República) y dispuso el embargo preventivo de los bienes de ambos medios.

Los periodistas han investigado la relación de Arévalo, alias ‘Eteco’, con el narcotráfico, utilizando fuentes contrastadas, entre ellas la del Departamento para la lucha contra las drogas de Estados Unidos (DEA).

Fuente: Gestión