
(Por Daniel Macera y María Rosa Villalobos) Siete años después de la entrada en vigencia de la exoneración del pago del IGV en la Amazonía, el departamento de San Martín optó por un cambio significativo: eliminó el beneficio tributario (que, en teoría reducía el precio de algunos productos) y creó un fideicomiso destinado exclusivamente a proyectos de desarrollo de infraestructura para la zona. Desde el 2006, un año después del cambio, se han financiado alrededor de S/700 millones para unas 100 obras de primera necesidad (agua, desagüe, luz, infraestructura vial, entre otros), según la Sunat.
En este contexto, mientras que el PBI de las regiones que se quedaron en el régimen de exoneración –Ucayali, Amazonas, Loreto y Madre de Dios– promedian un crecimiento aproximado de 4,05% (entre 2007 y 2016), San Martín ha venido creciendo a un ritmo de 5,6%.
Teniendo en cuenta este panorama, a la fecha no existe información oficial sobre los efectos reales de las exoneraciones tributarias. De acuerdo con la Sunat, las exoneraciones y otros beneficios tributarios (devoluciones, inafectaciones, entre otros), sumaron en los últimos 10 años S/119 mil millones que el Estado dejó de recaudar. De hecho, solo este año, se estima que los gastos tributarios sumarían S/16.498 millones.
“No existe mucha evidencia respecto al efecto de las exoneraciones en el crecimiento de la economía, pero la poca que existe apunta a un efecto nulo o en muchos casos negativo”, apunta Víctor Fuentes, economista regional del Instituto Peruano de Economía (IPE).