Si bien ya está vigente la norma que obliga a abogados y contadores a reportar operaciones sospechosas de lavado de dinero, en la práctica aún no se aplica.
Así lo reconoció Sergio Espinosa, superintendente adjunto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quien refirió que hay mucho por avanzar en la incorporación real de estos sectores en el sistema de prevención del país.
En el 2016, a través de un decreto supremo se incluyó a estos profesionales en la lista de sujetos obligados a reportar a la UIF. Un reglamento emitido por la SBS en marzo del 2018 terminó de delimitar las actividades sobre las que recae esa obligación.
Así, abogados o contadores que se dediquen, a su nombre o por cuenta de un tercero, a la compraventa de bienes inmuebles y acciones, a la administración de dinero, valores y cuentas del sistema financiero, deben implementar un sistema de prevención contra el blanqueo de dinero.
Asimismo, cuando realicen la organización de aportaciones para la creación, operación o administración de empresas, y cuando realicen la creación y estructuración de compañías.
“Acá no se está hablando de abogados penales que ejerzan defensa de personas y que tengan que revelar lo que su defendido les dijo”, precisó.
